
La presidenta Dina Boluarte encabezó este miércoles en Palacio de Gobierno la ceremonia en la que se oficializó el inicio del proyecto más ambicioso de su gestión en materia penitenciaria: la reapertura del penal de El Frontón, en la isla frente al Callao.
El anuncio fue acompañado por la firma de un convenio interinstitucional entre los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de Defensa, que estarán a cargo de las primeras obras de habilitación del terreno. La mandataria aseguró que este penal marcará “un antes y un después” en la política de reorganización del sistema carcelario peruano.

“Con la construcción de este nuevo penal aseguraremos que los delincuentes más peligrosos estén sometidos a un aislamiento efectivo, una distribución estratégica y un régimen estricto con vigilancia las 24 horas del día, sumado a restricciones de comunicación y desplazamiento”, enfatizó Boluarte.
Según lo detallado, la nueva cárcel tendrá capacidad para 2000 internos y se construirá en un área de más de 57 000 metros cuadrados, con una inversión estimada de 500 millones de soles. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército se encargará del movimiento de tierras como parte de los trabajos iniciales.
UN PASO HISTÓRICO ENTRE CRÍTICAS Y DUDAS
La presidenta destacó que esta medida busca dar “un golpe certero” a las mafias que continúan operando desde las cárceles del país. Subrayó que los reclusos destinados a El Frontón estarán clasificados en los regímenes especial y cerrado especial, con acceso restringido y un sistema de visitas rigurosamente controlado.
“Se trata de una respuesta concreta y valiente, el país exige decisiones firmes, no respuestas tímidas o tibias”, sostuvo durante la ceremonia.
Sin embargo, la reapertura de El Frontón no ha estado libre de cuestionamientos. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) advirtió en un informe de septiembre de 2023 que el proyecto era inviable por problemas técnicos y presupuestales. El documento señaló la carencia de servicios básicos en la isla, lo que elevaría significativamente los costos de instalación y operación de agua, desagüe, electricidad y manejo de residuos.

Además, el informe alertó que la ubicación insular dificultaría el acceso del personal y encarecería la logística. También se cuestionó que, pese a la millonaria inversión, el impacto en la reducción del hacinamiento sería limitado por la capacidad relativamente baja en comparación con la sobrepoblación penitenciaria a nivel nacional.
Pese a esas observaciones, el Gobierno decidió seguir adelante. Para Boluarte, el nuevo penal simboliza una ofensiva frontal contra las organizaciones criminales que, desde los actuales establecimientos, extienden su poder y financian extorsiones, sicariato y tráfico de drogas.
“Ahí estarán cumpliendo la condena que el sistema judicial peruano les haya dado en sus sentencias”, recalcó Boluarte, defendiendo lo que considera un paso histórico para el Estado peruano.
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